Allá por el verano de 2018, el Ministerio de Fomento adelantó su intención de liberalizar todas las concesiones de las autopistas de peaje que cumplieran 50 años entre dicho año y 2021. O lo que es lo mismo, que pasaran a ser gratis.
La primera en levantar la barrera, ese mismo año, fue la AP-1, en un tramo de nada menos que 84 kilómetros, entre Burgos y Armiñón, a partir del 30 de noviembre.
Y ya el 31 de diciembre de 2019, asistimos a la conversión en autopistas gratuitas de la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz.
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Sin duda, se trata de una medida realmente eficiente para los bolsillos y la movilidad de los conductores, aunque tenemos la duda de por dónde recuperará el Gobierno todo el dinero necesario para el mantenimiento de las mismas. ¿Pago por uso? La verdad, no lo descartamos.
Ahora bien, la cosa no acaba aquí, ya que de cara al año próximo, algo más de 600 kilómetros de vías rápidas se verán beneficiados por la medida, impulsada en el pasado por el ministerio de José Luis Ábalos.
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Los nuevos tramos de autopista en cuestión, gratuitos en 2021, se encuentran en las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña y son usados por millones de coches, furgonetas y camiones cada año.
Desde el día 31 de agosto, circular por la AP-2, entre Zaragoza y la provincia de Tarragona (el Vendrell) será gratuito. Lo mismo sucede con la AP-7, aunque en este caso, la bonificación es doble, ya que afecta a los tramos entre Tarragona y La Junquera (la frontera con Francia) y entre Montmeló y el Papiol.
Sin salir de Cataluña, algo parecido sucede con la C-32, con barreras en Vilassar de Mar, Arenys de Mar y Santa Susanna, y la C-33, entre Barcelona y Parets del Vallès, que estaban en manos de Abertis. En este caso, las vías pasan a ser competencia del gobierno regional.