La Dirección General de Tráfico y el Gobierno de España llevan trabajando conjuntamente muchos años para mejorar la seguridad y la movilidad en las carreteras del país, pero no están exentos de polémica con sus decisiones y plazos para introducir nuevas medidas.
Durante el pasado mes de julio, debería haber entrado en vigor la reforma de las etiquetas medioambientales que la DGT creó a partir del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, el llamado Plan Aire.
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Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó en la última junta general de la patronal de los fabricantes (ANFAC), celebrada en octubre, que esta distinción no se modificaría por el momento.
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Unos días después, el Consejo de Ministros recibió un informe por parte de Tráfico con un mensaje que ya supimos por palabras de Pere Navarro, que indicó que "estaba siendo difícil alcanzar el consenso necesario entre las partes". El director de la DGT reconoció que no tenían fijada una fecha para "tener lista la reforma".
Las dificultades para llegar a un acuerdo retrasan cada vez más esta nueva medida de clasificación de los vehículos. Los problemas derivan del encargo que hizo la Administración a Tráfico para crear un grupo de trabajo, formado por ministerios, ayuntamientos y diferentes agentes del sector.
A esto se le debe sumar la negociación sobre los híbridos enchufables (PHEV), híbridos ligeros (mild-hybrids) y los modelos bifuel, es decir, aquellos que se pueden alimentar con carburantes tradicionales y con gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP).
Algunos son defensores de eliminar por completo la etiqueta 0 para los híbridos enchufables, defendiendo que no se pueden comparar con los 100% eléctricos, como pueden ser ecologistas o el propio Ministerio de Transición Ecológica.
En el polo opuesto se encuentran los fabricantes, que defienden a capa y espada este tipo de propulsión, indicando que son vehículos clave para satisfacer la oferta y demanda, además de ser importantes para la transición total del futuro.
La DGT, por su parte, se mantiene neutral, aunque debe tener en cuenta el sector de la automoción, al que le ha afectado en gran medida esta crisis de los microchips y la prohibición de los motores de combustión a partir de 2035 en la Unión Europea.
Navarro indicó que "no podemos decirle a la gente que se ha comprado el vehículo en función de su etiqueta que aquello que han adquirido ahora no vale y se lo vamos a cambiar".
Queda por saber qué pasará con la etiqueta D que tanto revuelo formó, que iría destinada para los coches de combustión más modernos, pero no hay nada confirmado. Sea como fuere, y con esta gran incógnita aún sobrevolando entre Gobierno y DGT, no se realizará ningún cambio en los distintivos medioambientales durante la presente legislatura.
Fuente: II Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por El Español-Invertia