Hubo una época en la que los detectores y los inhibidores de radar se instalaban en muchos de los coches de este país, sin que su uso estuviera tipificado como delito. En el año 2004, con la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se marcó el inicio del fin de este tipo de dispositivos.
Eso sí, la guerra duró hasta 2010, ya que el anterior texto legal, poco definido, permitió la existencia de los detectores de radar, al tiempo que los inhibidores eran totalmente ilegales. Pero, en ese año, ya se aclaró la normativa, diferenciando entre avisadores, detectores e inhibidores de radar.
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¿Qué quiere decir esto?
Pues que los únicos dispositivos que se pueden usar, hoy en día, son los conocidos como avisadores de radar. A diferencia de los otros dos dispositivos, estos no trabajan por frecuencias, sino que lo hacen mediante localización GPS.
De esta manera, advierten en el mapa de los puntos en los que existen radares fijos de velocidad. Los hay más o menos avanzados, capaces de avisar con mayor o menor antelación, con alertas visuales o acústicas y una gran variedad de funciones, entre las que han proliferado las de aviso de radares móviles y presencia policial.
Y esto es precisamente lo que no ha gustado nada entre las autoridades; concretamente, a la Dirección General de Tráfico y a la Guardia Civil. Estos dos organismos son los más afectados por esta 'utilidad', ya que su trabajo en carretera es habitual, para efectuar vigilancia de todo tipo: instalación de radares móviles de velocidad, controles rutinarios, lucha contra el alcohol y las drogas al volante o localización de personas en busca y captura, como puede ser el caso de terroristas o delincuentes fugados.
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¿Cómo funcionan?
Básicamente, el conductor dispone de un dispositivo móvil, que se entiende que debe ir en modo manos libres, sobre un soporte que quede colocado en alguna de las tomas del sistema de ventilación, por ejemplo. Más que nada, porque el empleo de dispositivos mientras se conduce, sin usar algún soporte o tecnología de tipo 'manos libres', ya es un delito en si mismo.
Dicho esto, algunas aplicaciones permiten a sus usuarios interactuar para avisar del estado del tráfico, de accidentes, de peligros en la carretera, de la presencia de policía o de cualquier alteración del tráfico que pueda interesar al resto conductores que usen la app, tanto si van a pasar por ese punto concreto, como si están planificando la ruta.
En algunos casos, estas herramientas son brillantes navegadores móviles, capaces de proponer rutas alternativas y que van 'cantando' de forma instantánea lo que otros conductores han marcado en el itinerario programado.
Y todo esto, con apenas pulsar dos veces la pantalla del móvil, lo que no supone una distracción mayor que la que se necesita para encender el aire acondicionado del coche o cambiar las emisoras de la radio.
La función 'aviso de policía' es la razón por la que estos avisadores de radar 'evolucionados' están en el punto de mira de la DGT, que quiere acabar con el vacío legal en el que se encuentran estas aplicaciones para dispositivos móviles.
En Francia, por ejemplo, esta práctica se ha convertido en ilegal, a través de una ley categorizada como de seguridad ciudadana.
Mientras las autoridades esperan a que se veten este tipo de avisos, lo único que pueden hacer es cambiar de ubicación, de manera más frecuente, los controles policiales, tratando de dificultar que los usuarios conozcan siempre sus zonas de control ‘en vivo’.