Estos dispositivos impiden arrancar el automóvil en caso de dar positivo.

El conductor sopla a través de un aparato que va conectado al sistema de arranque del coche, y si da como resultado una tasa de tipo negativa, puede circular.

Ese es básicamente el resumen de cómo funciona este tipo de alcoholímetro, que otros países ya han implantado, en mayor o menor medida, en algunos de los vehículos que circulan por sus carreteras.

Por ejemplo, en Francia, donde aquellos a los que se les haya retirado el carné por conducir ebrios, solo podrán volver a ponerse al volante si instalan este sistema en su automóvil. Y dependiendo de la gravedad o reincidencia de los mismos, están obligados a utilizarlo en períodos de seis meses a cinco años.

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El gasto de la compra (1.300 euros) o alquiler (100 euros al mes), por supuesto, corre a cargo del infractor.

Norteamérica y Canadá aprobaron estas medidas hace más de 20 años y también son pioneros en lo referido a la instalación de este tipo de aparatos en vehículos para el transporte de pasajeros, especialmente en los que viajan menores de edad.

En el resto de Europa, encontramos países como Finlandia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Holanda o Estonia, entre otros, que ya obligan a usar este tipo de alcoholímetros a conductores con antecedentes por conducción bajo los efectos de las bebidas espirituosas, mientras que buena parte de ellos también están obligando a los profesionales del transporte en carretera a usarlos.

¿Y se puede engañar al dispositivo?

Cuentan que en Suecia tuvieron que perfeccionar los primeros dispositivos que se instalaron en los camiones, ya que los conductores entrenaron a sus perros para que, literalmente, soplaran por ellos, pudiendo arrancar el vehículo, a pesar de haber consumido alcohol.

Esto llevó a que los sistemas de bloqueo del encendido (IDD) evolucionaran, solicitando un segundo test 'sorpresa', que puede tener lugar entre los 5 y 30 primeros minutos, tras haber emprendido la marcha.

¿Y en España?

La realidad es que, en nuestro país, este tipo de medidas llevan más de diez años sobre la mesa, pero sin una respuesta clara por parte de las administraciones, aunque afirman estar trabajando en ello para su implantación en un futuro cercano.